EXPLICACION DE LAS CARACTERISTICAS QUE PRESENTA LA ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORANIA GUATEMALTECA

1.1.1 EXPLICACION DE LAS CARACTERISTICAS QUE PRESENTA LA ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORANIA GUATEMALTECA
El sector privado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) quiere cuanto antes el regreso a esa organización de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).
En su sesión ordinaria de ayer, el comité le dio oficialmente la bienvenida a la Cámara de Turismo, un sector que también se había retirado del Cacif.
Sin embargo, el vacío que dejó la CCG fue otro tema de agenda. El vicepresidente del Cacif, Marco Augusto García Noriega, admitió que fue un tema abordado. “Analizamos las opciones para que la salida de la Cámara de Comercio sea temporal”, admitió García Noriega.
A decir del vicepresidente del comité, la CCG inició una reestructuración de su junta directiva y optó por hacerlo al margen. Además, quiere discutir entre sus agremiados —sin estar atados al Cacif— las implicaciones que tendrá el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Pero el presidente de la CCG, Edgardo Wagner, ha preferido no profundizar las razones que motivaron la salida del Cacif. “Este es un asunto que veníamos discutiendo desde 2004 y ahora consideramos que era el momento de corregir algunos asuntos”, dijo.
“No hemos abandonado el Cacif, sólo nos bajamos temporalmente del autobús, pero vamos en la misma dirección”, ilustró Wagner.
El empresario descartó diferencias por el nombramiento de nuevos representantes del sector privado en la Junta Monetaria, aunque algunos integrantes de este órgano afirman que sí hubo “roces”, pero que tampoco fueron los del distanciamiento.
El Cacif lo integran las Cámaras de Industria, Agro, Construc ción, Finanzas y Turismo. Además, la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa.
En más de alguna oportunidad ha habido diferencias entre una y otra cámara, principalmente entre la de Industria y Comercio, especialmente en temas como aranceles o autorizaciones para la importación.
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CLASE MEDIA
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 23 de mayo de 2007 – Los altos niveles de informalidad en América Latina y el Caribe, incluida Guatemala, son un síntoma de fallas institucionales y, al mismo tiempo, limitan las oportunidades de crecimiento y bienestar social y corroen la integridad de las sociedades en la región, dice un nuevo informe del Banco Mundial, presentado hoy en esta ciudad.
El informe Informalidad: escape y exclusión asegura que, para reducirla, los hacedores de las políticas públicas deben orientar su acción a mejorar las condiciones que impulsan la productividad y la expansión del sector formal y a modificar las barreras, los costos y beneficios de la formalidad para las empresas y los trabajadores que operan en la informalidad.
“Un mejor clima de inversiones permitirá que las empresas formales se amplíen y paguen sueldos más altos, haciendo menos atractivo mantenerse en la informalidad”, dijo Guillermo Perry, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. “El aumento de los niveles de calificación laboral para los pobres permitirá que un mayor número de trabajadores encuentre empleos bien remunerados en un sector formal más dinámico”.
Al mismo tiempo, es necesario un balance de alicientes y aplicación más estricta de la ley para cambiar los incentivos que llevan a trabajadores y empresas a la informalidad. Por ejemplo, se debe facilitar el registro de nuevas empresas, simplificar la ley tributaria, ampliar los beneficios asociados con la formalidad (acceso al crédito, mercados, seguridad jurídica, programas de desarrollo empresarial), eliminar o reducir rigideces excesivas en los mercados laborales, mejorar el diseño y cobertura de la seguridad social y los programas de protección social, y aplicar la ley de forma equitativa y firme.
De acuerdo con el informe, elaborado por Perry y los economistas del Banco Mundial Omar Arias, Pablo Fajnzylber, William Maloney, Andrew Mason y Jaime Saavedra, aun cuando la informalidad no es significativamente más alta en la región con respecto a otros países en desarrollo con ingresos per cápita similares, aumentó en los noventa de forma sorprendente y preocupante.
En unos países la informalidad aumentó por una mayor incidencia de los impuestos laborales, del salario mínimo, o de la legislación sobre seguridad social, a la vez que se expandían planes de protección social que no exigen contribuciones a los trabajadores informales. En otros, por políticas macroeconómicas inadecuadas que condujeron a fases artificiales de expansión económica a comienzos de los noventa en sectores con mayor propensión a la informalidad, al uso de contratos temporales y el debilitamiento de la fiscalización de la ley laboral e impositiva, y, en menor medida, al impacto de las reformas comerciales y al incremento en la participación laboral de la mujer.
El empleo informal (no registrado con la seguridad social) asciende a 54% del empleo urbano en la región y comprende dos grupos:
1. Informales independientes (los cuenta propia y dueños de microempresas) que representan el 24% del empleo urbano —que va desde 20% o menos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, hasta más de 35% en Bolivia, Colombia, Perú, la República Dominicana y Venezuela
2. Trabajadores informales asalariados, que dan cuenta de cerca de 30% del empleo urbano y más de la mitad del empleo informal total —que varía desde el 17% en Chile, hasta más de 40% en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.
Mientras la mayoría de los independientes escogieron voluntariamente sus empleos y no buscan activamente empleos formales, la mayor parte de los asalariados informales ocupan esos empleos porque no encontraron un empleo ya sea como asalariado formal o como trabajador independiente y preferirían cambiar su ocupación.
El primer grupo corresponde a la perspectiva de “escape” de la informalidad, según la cual los trabajadores y las empresas escogen hasta qué punto adherirse con los mandatos y las instituciones del Estado, sobre la base del costo-beneficio de cruzar o no el margen hacia la formalidad. Esta racionalidad explica también el comportamiento de muchas empresas pequeñas y de las firmas de mayor tamaño.
El segundo grupo refleja la dimensión de exclusión de la informalidad, en la que los trabajadores y empresas informales no pueden acceder a beneficios cruciales otorgados por el Estado o de los circuitos de la economía moderna, ya sea por regulaciones excesivas, segmentación del mercado laboral o falta de voz en la conducción del Estado.
“Ya sea por la exclusión absoluta y la segmentación del mercado o por una decisión voluntaria de salirse de la formalidad, la informalidad puede conducir a un desequilibrio social en el que muchos trabajadores quedan vulnerables ante posibles choques a la salud y el empleo, y ante la pobreza en la vejez. Muchas empresas se mantienen por debajo de su potencial de crecimiento para no ser detectadas”, aseguró William Maloney, economista del Banco Mundial. “La necesidad de reforma es igual de importante, pero no existen soluciones únicas que apliquen a todos los países por igual”.
El sector informal en la región es muy heterogéneo y los factores de exclusión y de escape pueden tener pesos distintos entre los países y a lo largo del tiempo. Más allá de que la informalidad resulte de políticas inadecuadas, mecanismos de exclusión, o decisiones de costo-beneficio de las firmas y los trabajadores, representa una crítica fundamental al Estado latinoamericano en cuanto al incumplimiento de sus funciones de garantizar seguridad jurídica y económica, igualdad de oportunidades, y una adecuada provisión de bienes públicos.
Para reducir la informalidad en la región el informe enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque integral que favorezca el aumento de la productividad agregada y mejore los incentivos para la formalidad implícitos en las regulaciones de negocios, impositivas, laborales, en la seguridad social y los programas de protección social; y, de avanzar en el proceso de construir un Estado más responsable, eficiente, e inclusivo que cree las condiciones para un contrato social que descanse en una norma social generalizada de cumplimiento de la ley.
CLASE VAJA
La mayoritaria población indígena de Guatemala se esfuerza por superar su rezago en distintas áreas socioeconómicas y por ocupar el espacio que le corresponde en la vida nacional.


Hoy, Día internacional de los pueblos indígenas, líderes, pensadores, académicos y sociólogos mayas reconocen los esfuerzos del Estado en la protección de los derechos de esta población, pero aseguran que continúa el rezago, la exclusión y la discriminación.
Andrés Cholotío García, guía espiritual y director del Consejo Nacional de Educación Maya, afirmó que existen limitaciones para lograr el desarrollo de los pueblos mayas y resaltó que la falta de educación ha sido el detonante de la pobreza extrema en la que viven muchas comunidades.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 70 por ciento de la población no tiene lo necesario para vivir dignamente, en especial en el área rural.
Cholotío reconoció que ha habido avances en materia de educación bilingüe y de participación de líderes comunitarios, pero afirmó que la brecha todavía es demasiado grande. “Por iniciativa propia han llevado los conocimientos de sus abuelos y su cosmovisión al aula y los hogares indígenas”, expresó.
Karin Slowing, coordinadora del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que el principal desafío de los pueblos indígenas son la exclusión y la discriminación. “Existe una valoración distinta del indígena frente al no indígena, mientras que la diversidad se vincula con desigualdad”, aseguró.
El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala hizo ayer un llamado al Estado para que asuma el liderazgo en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos mayas, garífuna y xinca.
Algunos avances
María Magdalena Pérez, directora de planificación lingüística de la Academia de Lenguas Mayas (ALM), expresó que el reconocimiento de los 22 idiomas por el Estado es un avance, pero lamentó que el castellano siga siendo la única lengua oficial. “El desafío es que se oficialicen los idiomas mayoritarios: Quiché, kaqchiquel, Mam y Qeqchi’”.
La lingüista indicó que en algunos servicios comunitarios de salud, el uso del idioma materno ha sido fundamental para salvar vidas, y aplaudió el trabajo que como facilitadores han hecho los miembros de las comunidades.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que el 48 por ciento de los indígenas mayores de 15 años son analfabetas -no hablan ni escriben el castellano- y el conocimiento de su idioma materno se da por tradición oral.
Proyectos cosméticos
Santiago Bastos, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), lamentó que el Estado haya ejecutado proyectos cosméticos que carecen de profundidad. “No es suficiente tener funcionarios en las dependencias con enfoque indígena, hay que abrir más espacios para su participación”, aclaró.
Alfredo Cojtí, diputado, de la Comisión de Asuntos Indígenas, también crítico el papel del Estado en la inclusión de profesionales mayas en cargos públicos.
Alrededor de 60 trabajan en el Gobierno, de los cuales sólo 13 están en puestos de toma de decisión. El presidente Óscar Berger se trazó la meta de contratar a 300 profesionales en el Estado, la cual todavía no ha cumplido.
Una encuesta publicada recientemente por Prensa Libre da cuenta de que la insatisfacción mayor hacia Berger se centra en la población masculina e indígena. En este último sector, el 76.1 por ciento dice no estar conforme con su gestión.
Pese a lo dicho, el vicepresidente Eduardo Stein afirmó días atrás que este año habrá avances significativos en el desarrollo de la agenda indígena. “Se están atendiendo solicitudes específicas que van desde la protección de los lugares mayas sagrados, la educación bilingüe intercultural y la inclusión de funcionarios y funcionarias indígenas en puestos públicos”, anunció.
Costo del racismo